El financiamiento bancario a las empresas industriales en la Argentina

Antecedentes y orígenes del Banco de Crédito Industrial Argentino

Marcelo N. Rougier Universidad de Buenos Aires / CONICET

 


Desde fines del siglo pasado existieron en la Argentina intereses sectoriales y políticos preocupados por promover la actividad industrial a través de una orientación adecuada del crédito bancario. Se pretendía así superar la mera prédica por la reforma de las tarifas aduaneras y dar otro factor de apoyo al crecimiento manufacturero.

Antes de 1930, estos proyectos tuvieron escaso éxito. El escollo principal lo constituían las características del desarrollo de la economía agroexportadora, donde a la industria se le reservaba un papel derivado y marginal. A partir de esa fecha, con el cambio de etapa estructural y el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, se tomaron algunas medidas proteccionistas y de promoción hacia la industria que condujeron a la creación del Banco de Crédito Industrial en 1944, entidad autárquica establecida con el objetivo de otorgar créditos a mediano y largo plazo a ese sector.

El tema del financiamiento bancario de las empresas industriales ha sido o bien descuidado, o bien sujeto a simplificaciones en la historiografía económica argentina. Por ello, un estudio que presente una visión global sobre esta problemática permitirá una mejor interpretación de los factores condicionantes y de la dinámica del proceso del crecimiento industrial en la Argentina.

En la primera parte de este trabajo, presentamos las características generales del sistema de crédito destinado al sector manufacturero y las demandas específicas de los empresarios industriales en la Argentina hasta los años cuarenta. En un segundo momento describimos la orientación, los contenidos y la viabilidad de los proyectos con los que las corporaciones, los legisladores y el Estado intentaron estimular el crédito industrial. Por último, describimos brevemente la acción crediticia del Banco de Crédito Industrial Argentino antes de asumir el gobierno peronista (junio de 1946) y esbozamos algunas conclusiones sobre las modificaciones que la creación de esta entidad estatal provocó en el escenario del financiamiento bancario de las empresas industriales.

El largo plazo de las demandas sectoriales de financiamiento bancario

Ya en el siglo pasado los empresarios industriales exigieron la acción del estado para que se aplicara una serie de medidas que dieran mayor impulso al sector industrial. Dicha serie incluía, entre otras, la protección aduanera y la ampliación del crédito para los pequeños productores.

La política de crédito del Banco de la Provincia, por ejemplo, fue criticada por el Club Industrial a fines de 1875. Según esa institución, el Banco sólo favorecía al comercio, olvidándose en la práctica de los industriales. En opinión del Club, los créditos terminaban siendo distribuidos entre los "enemigos" de la "industria nacional y por consiguiente del país". [1]

En 1891, con escasas esperanzas cifradas en la acción de gobierno, la entidad industrial (ahora Unión Industrial Argentina) promovió la creación de un "Banco Industrial". Si bien en un primer momento la iniciativa contó con cierto éxito, la suscripción de acciones se detuvo con la crisis económica de ese año. [2]

En 1895, un nuevo intento devendría en otro fracaso. El boletín de la U.I.A. justificó el revés del proyecto argumentando que el mismo "no se ajustaba a las disposiciones del Código de Comercio" y ocultó el posible motivo real: la indiferencia de los grandes industriales, quienes debían impulsar el funcionamiento del banco con sus aportes. [3] La situación no era otra que la señalada agudamente por un historiador de la U.I.A. (citando a su presidente): "los grandes industriales pueden obtener los beneficios del crédito sin mayores dificultades, pero los pequeños, que son la mayor parte, se encuentran privados hoy de ese recurso indispensable". [4]

Las demandas de organización de un sistema de crédito industrial ocupaban un lugar secundario frente a otros reclamos del sector que en ese momento se consideraban fundamentales: una política arancelaria selectivamente proteccionista y una legislación laboral que anulara la acción sindical y deprimiera los costos salariales. Por eso, Schvarzer, en su estudio sobre la U.I.A, ha llamado la atención acerca del largo silencio, en materia de medidas destinadas a resolver los problemas de financiamiento, que se apoderó de los industriales:

 

En sus materiales aparece con escaso énfasis --y a veces ninguno-- en temas como el crédito para la inversión, las demandas de la infraestructura necesaria para el desarrollo fabril (que se concentraba en Buenos Aires) o las políticas convenientes para construir un país industrial. Más bien, la institución defendía, en general, la estructura económica vigente en la Argentina y parecía confiar en un proceso gradual que fuera modificando sus características; sus objetivos enfatizaban la conservación de lo existente, confiando más en un proceso evolutivo que en una transformación productiva. [5]

 

Sólo en 1915 la Unión Industrial, por intermedio de su presidente, Domingo Noceti, y en respuesta a una consulta del Banco de la Nación, destacó la escasa importancia que se le había dado al problema del crédito industrial, tanto por parte de las instituciones financieras oficiales como de las particulares: "sólo han visto en las industrias, aún en las que tendían al aprovechamiento de productos indígenas, una simple modalidad comercial", y agregaba:

 

... el medio que está más al alcance de los bancos, y especialmente de un banco como el de la Nación, cuyo funcionamiento no obedece a propósitos de lucro, consiste en la organización del crédito industrial con caracteres distintos del crédito comercial, es decir, en forma no de simple descuento y anticipo, sino en cierto modo de habilitación. [La industria exige] mayor flexibilidad en el crédito, tanto en lo que se refiere al plazo, como al monto del interés y a la cuota amortizable. [6]

 

La razón de los escasos reclamos en cuanto a la organización de un sistema de crédito industrial debe buscarse también en la estructura y los cambios en la composición de la dirigencia de la U.I.A. Luego de 1920, la pérdida de peso relativo de las pequeñas y medianas industrias dentro de la institución fue evidente; también lo fue el hecho de que, en cierta manera, para algunos establecimientos, el crédito de inversión estaba garantizado a través de los bancos oficiales y privados bajo ciertos mecanismos que analizaremos posteriormente.

El crecimiento de la inversión y de la participación del sector industrial en la economía nacional iniciado en la década del veinte provocó hacia los años treinta un cambio paulatino en el discurso de los industriales:

 

Aquello que antes había sido el reclamo esporádico de apoyo aduanero para algunas o todas las actividades industriales devino en una apuesta por una mayor autarquía económica: 'Bastarse a sí mismo en todos los consumos que le sea posible para depender en lo mínimo del extranjero'. Este nuevo matiz programático se insertaba en una nueva estrategia para acceder a la escena pública: 'hasta ahora la UIA pudo contener el peligro que amenaza nuestra industria ... manteniéndose a la defensiva ... al presente es necesario reaccionar e iniciar la ofensiva abiertamente'. [7]

 

A partir de mediados de la década del treinta se producen cambios significativos en la estructura industrial argentina. La nueva etapa de industrialización sustitutiva y el incremento productivo provocaron un gran impacto en la composición y características del sector industrial, tanto en lo que se refiere a diversificación de actividades como en el número, papel e intereses de los empresarios fabriles. El incremento de la agremiación empresaria verificable para estos años debe entenderse no sólo como una medida frente al poder de los sindicatos, sino también frente al Estado para satisfacer demandas más estructurales.

Por otra parte, el grado de concentración manufacturera era considerable y a ello contribuía cada vez más la presencia del capital extranjero asociado al capital financiero local. [8] Dorfman ha señalado en qué medida se habían reforzado aceleradamente los vínculos entre las grandes empresas industriales y los grupos financieros que podían atender a sus necesidades. [9] Por consiguiente, la entidad industrial no sólo representaba al capital industrial sino también, fundamentalmente, al gran capital. [10]

En los años cuarenta, la expansión del crecimiento industrial sustitutivo y las perspectivas de la guerra llevaron a la entidad manufacturera a definir más claramente sus posiciones y al mismo tiempo participar en mayor medida de las políticas de los gobiernos. La U.I.A. fue articulando un "programa" de acción con mayor "centralidad" en el sector industrial, cuyo principal escollo para la expansión era la escasez de inversión interna (producto de una mala política financiera, de la abultada presión impositiva, de la legislación obrera y del consumo improductivo del sector rural). [11] Para la U.I.A.,

 

... la organización de las finanzas tutelada desde el exterior con frecuencia derivó el ahorro hacia el comercio de importación y en general alentó el depósito bancario, las casas de rentas y las cédulas hipotecarias, restando atractivos a la reinversión de las utilidades en las plantas fabriles. [12]

 

La Unión Industrial señaló que el sistema crediticio a corto plazo, aún vigente a principios de los años cuarenta, afectaba particularmente a las industrias de pequeño y mediano tamaño y retrasaba la renovación de su equipamiento productivo. Tal era el consenso generado en torno a la necesidad de estimular el desarrollo del crédito a las pequeñas industrias. De él se hacía eco La Prensa en septiembre de 1943:

 

La pequeña actividad fabril, aun la más modesta, ha de estar, pues, comprendida dentro del régimen oficial. Más aún; seguramente habrá de ser interesante analizar el proceso de formación de los precios de algunos artículos de consumo popular; se vería cómo no sean, a menudo, las grandes fábricas las que logran los costos más ajustados. Por ello, tal vez, no solamente fuera el caso de no negar apoyo a la pequeña industria, sino también de pensar en establecer algunas diferencias en su favor... A través del apoyo económico que el crédito significa, el poder público puede --y debe-- cumplir una función orientadora, que habrá de traducirse finalmente en un beneficio colectivo. [13]

 

La participación de los directivos de la Unión Industrial en el Sistema de Crédito Industrial propuesto por el gobierno surgido del golpe de junio de 1943 primero, y en el directorio del Banco de Crédito Industrial después, ubicó entonces a los industriales en una posición inmejorable para el cumplimiento de sus expectativas --aunque desde el punto de vista de sus vínculos políticos con el gobierno, éstas se frustrarían rápidamente con la llegada del peronismo. [14]

El Estado, la Banca y el Crédito a la Empresas Industriales

Es común encontrar afirmaciones, en trabajos sobre el sector industrial, que señalan la existencia de importantes restricciones a las disponibilidades de financiamiento de algunas industrias --particularmente de las pequeñas y medianas-- con anterioridad a la creación del Banco de Crédito Industrial Argentino en 1944. Según estas opiniones, a diferencia de lo que ocurría con el crédito al comercio y a las actividades agrícolas, que había alcanzado cierta expansión, el suministro de capitales al sector industrial en su conjunto presentaba serias carencias y características específicas que tuvieron efectos negativos sobre su crecimiento y dinamismo.

Estas limitaciones no se habían hecho sentir en las necesidades industriales de crédito a corto plazo, puesto que las modalidades comunes del crédito comercial eran adaptables a los requerimientos de capitales que presentaban las empresas manufactureras. En cambio, para las inversiones fijas en construcciones o para el proceso de instalación y puesta en funcionamiento de una planta industrial, existía sólo el crédito hipotecario --a largo plazo, de mayor rigidez e inadecuado para la mayoría de los establecimientos fabriles. Fuera de él, quedaba el mercado de capitales para las sociedades anónimas o la financiación por firmas privadas, lo que permitía el acceso a sólo unas pocas grandes empresas.

Obviamente, las operaciones de crédito debían asumir modalidades acordes con el tipo de explotación económica a las que estaban destinadas. Sin embargo, en opinión de un experto de la época,

 

... en nuestro país estas ramas de crédito, a pesar de las características que las diferenciaban entre sí, solían confundirse en la práctica, situación que afectaba en su funcionalidad a la estructura financiera de los organismos crediticios. Así, tal confusión resultaba particularmente negativa cuando se acordaban créditos a la industria sobre bases que sólo eran apropiadas para las actividades comerciales. [15]

 

Antes de ver esta problemática en su contexto histórico, es necesario señalar las principales características que distinguen al crédito de inversión o industrial del crédito ordinario o comercial. Tres clases de capitales necesita la industria: a) capitales de fundación con el fin de proceder a la instalación de fábricas (adquisición de terrenos, construcción de locales, compra e instalación de maquinarias, etc). Inversiones que se inmovilizan de una manera relativamente permanente y con los que se monta el mecanismo para la producción. b) Capitales de evolución. Luego del primer período, el de instalación, la dinámica de la actividad productiva requiere capitales nuevos para hacer frente a las necesidades comunes en su "evolución" normal: compra de materias primas y fuerza motriz, remuneración de la mano de obra, pago de gastos generales, etc. A estos capitales se los ha llamado también "fondos de explotación" y financian el ciclo de la producción. c) Capitales de extensión. Se utilizan para la ampliación de instalaciones, la modernización de equipos, la transformación y el perfeccionamiento de herramientas, la introducción de mejoras técnicas, etc. Inversiones que se inmovilizan y que la práctica de las amortizaciones periódicas moviliza sólo en parte.

Por lo tanto, las empresas industriales necesitan disponer de fuentes de financiamiento distintas de las de orden comercial. "Y es aquí donde entra en función la clase de crédito llamado industrial, al cual se recurre para obtener recursos con destino de ser inmovilizados por un plazo más o menos largo". [16]

Consideremos ahora el problema del crédito industrial en distintos momentos históricos.

El crédito industrial en la economía primario exportadora

En el período de funcionamiento del "modelo agroexportador" (1880-1930), los gobiernos argentinos centraron su atención en el financiamiento a corto plazo de las empresas comerciales y agrícolas (y de algún sector agroindustrial estratégico y complementario con el esquema de extraversión económica) a través de los bancos oficiales. [17] En esa época, los bancos oficiales y privados otorgaban créditos a sola firma y a corto plazo (90 a 180 días). Criterios especialmente viables para la explotación agropecuaria, de un ciclo distinto al industrial. Las entidades bancarias tenían escasa predisposición para otorgar créditos a mediano plazo a las empresas industriales, consecuencia de que sólo tenían interés en préstamos ordinarios que suponían menor riesgo.

Este modo de operación bancaria no afectaba el financiamiento a las empresas de grupos económicos diversificados ni a las filiales o subsidiarias de grandes empresas extranjeras. En cambio, las pequeñas y medianas empresas nacionales tenían ciertos inconvenientes a la hora de encontrar financiamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades y especialmente para la realización de inversiones importantes. [18]

De todas maneras, antes de 1935, los bancos privados cumplieron un papel no desdeñable en la dinámica del desarrollo industrial del país y le imprimieron características específicas. Varios de ellos, con sucursales en diversas regiones, concretaron operaciones con comerciantes e industriales de la zona en que actuaban. En muchos casos, la financiación terminaba en una participación directa de los bancos en las empresas (generalmente en los grandes establecimientos). Este tipo de operaciones originaba una inmovilidad considerable de una porción de los capitales bancarios y, en consecuencia, ciertas restricciones para la actividad económica en su conjunto. Además, la precariedad de la estructura financiera acotaba las posibilidades de satisfacer las demandas de crédito. Como resultado, los bancos no otorgaban dinero a largo plazo. [19]

Con el fin de satisfacer la demanda de crédito de los industriales y, por otra parte, cumplir con los dictados de una política financiera sana, la banca argentina adoptó una modalidad operativa particular:

 

Siguiendo una modalidad propia y muy arraigada en el país, manifestaba preferencia por el préstamo a sola firma.. Las formas usuales de operar con la clientela, cualquiera que hubiese sido la rama de actividad a que ésta se dedicaba, se reducían al descuento de pagarés de sola firma a 90 y 180 días y a adelantos en cuenta corriente a plazos de seis meses. Cancelado el adelanto acordado o el pagaré vencido, aceptaba a los pocos días --si no inmediatamente-- la renovación del préstamo en las condiciones anteriores, autorizando así al cliente, en forma tácita, a repetir esa operación todas las veces que lo creyera conveniente. [20]

 

En buena medida, las necesidades de financiamiento a mediano y largo plazo fueron cubiertas por préstamos bancarios a corto plazo, renovados sin solución de continuidad. Durante años las deficiencias de la organización bancaria fueron ocultadas por medio de estas renovaciones de créditos "disfrazados de corto plazo". Las empresas pudieron así planificar a largo plazo, no porque la naturaleza de los créditos estrictamente se lo permitiera, sino porque sus íntimas relaciones con algún banco les posibilitaba contar con una renovación prácticamente automática. [21] El préstamo a empresas no ligadas a un grupo bancario era, naturalmente, mucho más limitado.

El financiamiento a la industria fue garantizado con este tipo de mecanismos. No obstante, en épocas de crisis, un balance de pagos desfavorable aumentaba la iliquidez de manera tal que los bancos se encontraban menos dispuestos a otorgar descuentos y adelantos con la consecuente restricción del crédito. En estas circunstancias se tornaban inminentes los conflictos: las entidades bancarias exigían el cumplimiento definitivo de los compromisos en defensa de su solvencia, generándoles situaciones apremiantes a las empresas. Las alternativas para estas últimas se reducían o bien a la quiebra o bien al cumplimiento de sus obligaciones y la restricción de su capacidad productiva.

El crédito industrial en los años treinta

Con la crisis del treinta y, especialmente, a partir de marzo de 1935, se introdujeron alteraciones de importancia en el sistema financiero argentino. Entre ellas, las más importantes fueron: la creación del Banco Central y del Instituto de Movilizaciones e Inversiones Bancarias, la sanción de la nueva Ley de Bancos y las reformas de las leyes orgánicas del Banco Nación y del Banco Hipotecario Nacional.

Los objetivos del Banco Central consistían en acumular reservas para moderar las consecuencias de las fluctuaciones de las exportaciones y de las inversiones de capitales extranjeros sobre la moneda, el crédito y las actividades comerciales; regular la cantidad de crédito adaptándolo al volumen real de los negocios; y promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédito bancario como un medio más de control sobre los demás bancos.

La recuperación económica de mediados de la segunda mitad de la década incrementó la entrada de oro y divisas y también el volumen de dinero y de crédito. Frente a esta situación, el Banco Central adoptó una política moderadora: vendía bonos del gobierno a los bancos con el fin de quitarles parte del efectivo que había resultado de la entrada de divisas, lo que les hacía perder cierta capacidad crediticia. Estas medidas restrictivas tenían como objetivo prevenir las crisis y establecer normas obligatorias de sana gestión bancaria, pero su aplicación implicó que un sector creciente de empresas industriales (que operaban con el sistema anteriormente descrito) viera limitado su acceso a los créditos.

La financiación a largo plazo basada en depósitos a corto plazo estaba expresamente vedada por la nueva legislación. Frente a las necesidades financieras de las industrias, el mercado bancario argentino ofrecía:

  1. Créditos directos a sola firma, a 90 o 180 días.
  2. Créditos directos amortizables en diez trimestres (dos años y medio) del 10 % cada uno.
  3. Créditos en cuenta corriente, por plazos cortos y renovables, pero en casi todos los casos con la obligación de cubrir el adelanto al finalizar cada período.
  4. Créditos prendarios de hasta dos años de plazo.
  5. Créditos hipotecarios hasta treinta y tres años de plazo.

En consecuencia, las necesidades industriales no estaban contempladas en los planes de crédito existentes. Sólo se ofrecían capitales a corto plazo, y excepcionalmente hasta un pequeño "medio plazo". La única excepción del crédito a largo plazo se destinaba exclusivamente a operaciones de carácter inmobiliario. [22] Por lo tanto, los préstamos a la producción industrial se acordaban según los parámetros aplicados para el crédito comercial. Préstamos que no eran óptimos para ser utilizados con fines de inversión y que, además, constituían operaciones de volúmenes reducidos y tasas de interés altas.

La pequeña industria fue la más perjudicada por la restricción financiera, principalmente aquellos establecimientos que eran clientes de los bancos comerciales y recurrían al crédito renovable. En cambio, las industrias de mayor envergadura mantuvieron una ventaja relativa dentro del régimen de la ley 12.156: los bancos estaban autorizados a invertir parte de sus fondos en acciones y obligaciones de las grandes empresas industriales que cotizaban en bolsa. La finalidad de esta disposición era facilitar el suministro de recursos a las grandes empresas mediante la suscripción de acciones y obligaciones por las entidades bancarias, que luego y en forma gradual entregaban a la suscripción publica. Evidentemente, estas mismas empresas --cuyos títulos poseían los bancos-- eran luego las destinatarias privilegiadas de los créditos a corto plazo.

Esta modalidad de financiar a la industria tenía alcances muy limitados y favorecía exclusivamente a las sociedades por acciones. Los establecimientos de carácter individual y las sociedades no formadas por capital accionario quedaban al margen de los beneficios antedichos. [23] Durante toda la década del treinta, la forma predominante de hacerse de capitales para instalar una nueva empresa industrial fue a través de la asociación de capitalistas nacionales y extranjeros o, más comúnmente, por medio de la financiación directa por parte estos últimos. En este sentido, "la evolución de la industria argentina es hasta 1940 paralela a la de otros países latinoamericanos, en tanto el capital extranjero financiaba una parte significativa de su comercio y de su industria". [24]

En síntesis, la industria argentina, en sus años de mayor expansión, no dispuso de un mecanismo específico de financiación a largo plazo ni de una banca industrial especializada. El vacío fue cubierto principalmente por una banca privada que, nacida como de depósito, se dedicó a promocionar empresas industriales mediante la aportación directa de capitales iniciales y a conceder préstamos a corto plazo que eran sucesivamente renovados.

Las restricciones señaladas, a las que deben agregarse las derivadas de la situación bélica a fines de la década del treinta, profundizaron la necesidad de organizar un sistema de crédito a mediano y largo plazo con el fin de satisfacer la demanda creciente de un gran número de empresas. [25]

Distintos proyectos y leyes destinados a resolver el "problema" del financiamiento industrial

Los proyectos tendientes a modificar la situación que hemos descrito anteriormente cobran fuerza a partir de los años cuarenta, pero no por esto se debe considerar que eran inexistentes antes de esta fecha. Brevemente repasaremos la situación previa. Como vimos, desde el siglo pasado se esbozaron proyectos destinados a solucionar la escasez de capitales para el sector industrial. Sin embargo, "la lentitud de las modificaciones reflejaba el hecho de que los sectores de la élite económica se contentaban con la situación imperante y, en tanto existiese dicha conformidad, las reformas no recibirían mucho apoyo". [26]

Esta indiferencia se alteró ante situaciones precisas. Por ejemplo, la crisis en el sector agrícola hacia 1910-11 provocó que los sectores tradicionales tuvieran una posición más afín a promover líneas de créditos, tanto para ellos como para el gobierno y la industria. En 1912 fue sancionada una ley que estipulaba las "condiciones en que las sociedades en comandita, las sociedades anónimas y las reparticiones del gobierno podían emitir obligaciones de largo plazo, garantizadas o no". Dichas obligaciones podían emitirse en cantidad sin límites especificados y, en ciertas ocasiones, por plazos de hasta 40 años. [27]

A partir de 1914, las transformaciones provocadas en la industria por la Primera Guerra Mundial instalaron la discusión sobre el financiamiento industrial. [28] Sin embargo, desde mediados de la década del veinte, una vez recuperado el comercio internacional y la producción agropecuaria, poco se discutió el tema. y el problema del crédito industrial siguió sin resolverse, olvidado y carente de toda iniciativa oficial. La crisis del treinta replantearía la situación en otros términos.

Dado el importante dinamismo del sector industrial durante la segunda mitad de la década del treinta y su creciente importancia económica e influencia política -diferente, por cierto, de las de los sectores tradicionales--, el Estado nacional debió asumir un nuevo rol en la Argentina. La manifestación más clara de este nuevo perfil del Estado será netamente perceptible en la Argentina de los años cuarenta.

La depresión de 1937-38 y el estallido de la guerra profundizó el viejo debate en torno a la estrategia de crecimiento del sector industrial y se hicieron sentir las presiones de industriales y militares sobre el Estado. Naturalmente, se temía que a la salida de la guerra, muchas de las empresas y ramas que habían crecido bajo su amparo sufrieran una crisis. Es por ello que el Plan de Reactivación Nacional propuesto en 1940 por el Ministro de Economía Federico Pinedo, aún cuando mantenía el sistema de control de cambios vigente, concedía al Estado una nueva serie de funciones e incorporaba tres mecanismos: la compra de los excedentes de cosechas invendibles, la construcción de viviendas populares y el financiamiento de algunas actividades industriales.

En lo que interesa a los fines de este trabajo, el proyecto involucraba una amplia reforma financiera que perseguía dos objetivos: otorgar al Banco Central más instrumentos para el manejo de la política monetaria y facilitar la creación de un mercado de capitales de largo plazo. El Plan establecía que

 

...mediante la cooperación entre el Banco Central, los bancos de la plaza y el mercado financiero, las industrias solventes podrán disponer de recursos a plazos intermedios que podrán llegar hasta 15 años en casos excepcionales y a tipos de interés tan bajos como sea posible en relación al costo del dinero, el plazo y la índole de las inversiones. [29]

 

Para ello, se autorizaba al Banco Central a "organizar un sistema de financiación de emergencia de la actividad económica interna, a plazos intermedios y largos", por el que tendría ahora atribuciones para convertir los depósitos de corto plazo radicados en los bancos en préstamos a quince años para las industrias y a veinticinco años para la construcción. Con este fin se diseñó "un ingenioso y complejo mecanismo que implicaba en los hechos una rebaja de los efectivos mínimos". [30] Así, según el Plan, el Estado asumiría el papel de promotor y garante del financiamiento a largo plazo.

El monto máximo prestable se limitaba a la suma de trescientos sesenta millones de pesos, nada menos que el 10 % de la cartera activa de los bancos comerciales. El destino de los préstamos sería el desarrollo de las industrias (especialmente de aquellas que extrajeran o elaboraran materias primas nacionales), la promoción de construcciones económicas, etcétera.

No obstante la importancia de este punto, el financiamiento a las industrias era entendido como excepcional y, como tal, se lo establecía para un período de emergencia: hasta un año después de terminada la guerra o bien, hasta cinco años desde la puesta en vigencia del Plan. Tanto la financiación de la compra de cosechas como el mecanismo de conversión de depósitos cortos en préstamos largos sólo serían válidos en dicho período. Pasado este plazo, el organismo de financiación podría obtener recursos solamente de obligaciones nominativas al portador o de créditos externos.

Los préstamos no los realizaría directamente el organismo de financiación del Banco Central sino "los bancos, sociedades financieras y otros entes autorizados, con fondos provistos por aquél". Los riesgos para los bancos privados eran limitados porque los bancos oficiales también podrían actuar como prestamistas y porque todas las obligaciones y compromisos, de corto y de largo plazo, contraídas por el organismo de financiación, serían considerados obligaciones y compromisos de la Nación Argentina.

El plan no fue aprobado. Sin embargo, la tendencia hacia la ejecución de un nuevo papel de la esfera estatal en todos los ámbitos económicos cobró cada vez mayor importancia. Así lo manifestaron algunos militares preocupados por la industria: el Estado debía proteger selectivamente los sectores vinculados al desarrollo nacional (siderúrgico, metalúrgico, químico, etc.) necesarios para atender los requerimientos estratégicos. [31]

El cumplimiento de estas tareas exigiría una nueva forma de administración estatal y la ampliación del conjunto de instituciones e instrumentos de control, regulación y promoción. Es decir que, independientemente del "fracaso político" del plan, su debate generó un consenso enorme sobre el problema del financiamiento industrial y del papel que en él debería asumir el Estado. No es de extrañar entonces que, en estas circunstancias, los actores socioeconómicos se mostraran ávidos por generar un sistema de crédito industrial, en particular los propios industriales, ya que el usual mecanismo de financiación utilizado por la banca privada, consistente en prorrogar sucesivamente sus créditos a corto plazo hasta convertirlos en financiación a medio o largo plazo, conducía necesariamente a un encarecimiento de esta financiación. Tanto fue así que rápidamente y durante los tres años siguientes surgió una importante cantidad de proyectos y propuestas, con distintas modalidades, pero con un mismo objetivo final: otorgar préstamos a largo plazo a las empresas manufactureras.

En mayo de 1941, aún recientes los debates sobre el Plan Pinedo, se trató en la Cámara de Diputados el primer proyecto que se ocupó exclusivamente del crédito industrial. Allí se proponía la creación de una "Sección de Crédito Industrial" en el Banco de la Nación. Los fondos provendrían de una contribución del Poder Ejecutivo en títulos de Deuda Pública que el Banco colocaría en plaza según sus necesidades. Los plazos de los préstamos a otorgarse sería a un máximo de quince años, con un interés que no excediera del 3 % anual y cuyo importe no podría ser mayor al 60 % del monto del capital invertido en la explotación del solicitante. [32] El bajo interés y los largos plazos propuestos para la amortización de los créditos hacían del proyecto un claro benefactor para el desarrollo del sector.

En agosto, el Gobierno de Castillo sometió a consideración del Congreso un proyecto, similar al de Pinedo, que autorizaba al Banco Central a organizar un sistema de crédito industrial suministrando fondos a los demás bancos y entidades financieras que quisieran llevarlo a cabo. En este caso no se hicieron mayores aclaraciones sobre el monto de la reserva y la tasa de interés. [33] Los préstamos se otorgarían hasta un plazo de quince años, garantizados también por prenda industrial e hipoteca. [34] Toda la acción del Banco Central se realizaría dentro de un plan general de desarrollo industrial fijado por una comisión constituida por el Ministro de Hacienda y representantes del Ministerio de Agricultura, del Banco Central y de la Unión Industrial Argentina.

Las diferencias con el proyecto anterior eran claras: en este último caso el gobierno no consideraba inconveniente que los bancos comerciales, organizados a través del Banco Central, otorgasen préstamos al sector industrial, ni que los fondos dependieran del resultado económico de las operaciones (y no de una contribución fija como pretendía el primer proyecto). [35]

Aprobado en la Cámara de Diputados, modificado en la de Senadores, originó a la vez un nueva propuesta. [36] Finalmente, surgió el acuerdo de que el Banco Central no recibiría depósitos ni entraría en relación directa con las empresas industriales. Se le autorizaba a disponer de una reserva inicial de treinta millones de pesos que, junto con el producto de la colocación de obligaciones que emitiría hasta por un valor de ciento ochenta millones, le servirían para otorgar préstamos a los bancos (sólo a éstos y no a otras instituciones financieras). Los mismos, con el fin de realizar operaciones de crédito industrial, debían crear una sección especial.

El artículo quinto de la ley aprobada en la Cámara de Senadores en agosto de 1942 concedía una nueva facultad al Banco Central. Le permitía redescontar total o parcialmente la cartera de las secciones de crédito industrial de los bancos acogidos al sistema y aún adquirir definitivamente una parte de los créditos (no más del 25 % de cada uno de ellos). La regulación de la tasa de interés quedaba librada al mercado. La ley fijó además una Comisión Honoraria constituida por el Ministro de Hacienda como presidente y por cuatro miembros más, representantes del Ministerio de Agricultura, del Banco Central, de la U.I.A. y del Centro de Nacional de Ingenieros. [37]

Con el golpe de junio de 1943 se afirmó la activa y creciente intervención estatal que se venía manifestando desde tiempo atrás. La necesidades de desarrollo industrial estratégico que sostenían las Fuerzas Armadas hicieron que éstas se acercaran a las posiciones que la Unión Industrial pregonaba. El intervencionismo y el nacionalismo económico en su aspecto financiero eran enunciados por el Ministro de Hacienda, Jorge Santamarina, de la siguiente manera:

 

... hay ahora una aptitud argentina para manejar los resortes de la moneda, el crédito y las finanzas y tengo en esto, por lo demás, un punto de vista claro y neto. La moneda y el crédito deben estar subordinados a la economía y no la economía a la moneda y el crédito.

 

El Estado se preparaba "para cumplir su función de defensa y estímulo". [38]

El diagnóstico no se había modificado: "No existe entre nosotros crédito industrial, pues no se puede dar esa denominación a los préstamos a corto plazo que se acuerdan actualmente a las industrias". [39] El sistema bancario argentino se consideraba insuficiente para financiar el desarrollo industrial que los contemporáneos estimaban absolutamente necesario e irrenunciable.

En agosto de 1943, el gobierno militar instituyó a través del Decreto No 6.825 el Sistema de Crédito Industrial que reunía los principales puntos de los anteriores proyectos nacionales, y también de algunos provinciales. Se constituyó un "Fondo" en el Banco Central con recursos del Estado. Como éstos fueron considerados en principio insuficientes, se les ofreció a los bancos incorporarse al sistema, [40] en particular al Banco de la Nación, facultándole para emplear con tal fin cien millones de pesos moneda nacional (m/n), a un interés máximo del 5 % anual. Es decir, se articuló un sistema sobre la base de la movilización de una parte de las reservas y depósitos de ahorro de los establecimientos bancarios de plaza, combinado con la participación del Fondo y el redescuento de los documentos resultantes de las operaciones.

Es interesante destacar que el decreto contenía disposiciones especiales con respecto a las industrias que "interesaban a la defensa nacional". El ministro Santamarina señaló en sus fundamentos que "la Dirección General de Fabricaciones Militares... trabaja empeñosamente en esta materia y su colaboración con el Sistema de Crédito Industrial deberá ser muy estrecha". [41]Además, con autorización del Poder Ejecutivo, el Fondo podía tomar hasta el 60 % de participación en las operaciones de crédito destinadas a estas industrias.

El sistema no llegó a reglamentarse. Recordemos que, según el decreto, las operaciones de crédito industrial se realizarían por medio de todos los bancos comerciales de corto plazo. El principal problema a los ojos de los funcionarios, derivaba precisamente de la libertad que tenían estos bancos para actuar, pues si bien el control era ejercido por el Banco Central, éste sólo abarcaba la formación de recursos de cada banco pero no tenía atribuciones para determinar el proceder de los establecimientos. La uniformidad y coherencia necesarias --desde el punto de vista del gobierno-- serían institucionalizadas a través de un organismo autónomo, establecido especialmente para conceder crédito a la industria en abril de 1944. [42]

El Banco de Crédito Industrial Argentino

El Ministro de Hacienda, César Ameghino, fundamentó la creación de un organismo específico y autárquico. Destacó que:

 

...debe abandonarse... el propósito de servirse de los bancos comerciales para proveer a la industria argentina de créditos a largo plazo. Será imprescindible crear una base de capital real e independiente para evitar el uso de los medios financieros provenientes de aquellos recursos de los bancos comerciales destinados en principio a otras operaciones; como así mismo encargar las nuevas funciones a un nuevo instituto bancario. [43]

 

En definitiva, después de tres años de intensos debates sobre el tema, el Decreto de Poder Ejecutivo No 8.537 del 3 de abril de 1944 creó el Banco de Crédito Industrial. [44] El objetivo central era dotar a la economía argentina de mayor capital circulante a plazos largos y financiar inversiones de todo tipo destinadas a la industria (construcciones nuevas o ampliación de edificios existentes, adquisición o introducción de mejoras en las maquinarias, etc.) ocupando así el espacio anteriormente delegado al Banco Central y los bancos comerciales.

Por el artículo primero se autorizaba a la nueva entidad a colocar en el mercado de capitales acciones y obligaciones industriales. Según el Ministro, "esta posibilidad es indispensable, pues la magnitud de ciertas operaciones podría sobrepasar la capacidad del crédito directo, haciendo necesaria una vinculación directa con el mercado de capitales". [45]

El artículo cuarto prohibió expresamente la recepción de depósitos, considerando que la financiación de una institución dedicada al otorgamiento de créditos a largo plazo debía basarse en los fondos que pudiera proveer el mercado de capitales y no en los depósitos a corto plazo. [46]

Los artículos quinto y séptimo del decreto estipularon los fondos con los que habría de funcionar el Banco: cincuenta millones de pesos aportados por el Gobierno Nacional, mediante la negociación de títulos de la deuda pública. Además, se autorizaba al Banco de la Nación Argentina a otorgar al B.C.I.A. un préstamo a largo plazo de hasta cien millones de pesos moneda nacional.

Los artículos décimo y undécimo del Decreto dispusieron la composición del Directorio del Banco: un presidente designado por el Poder Ejecutivo y diez directores representantes, uno del Ministerio de Hacienda, dos del Ministerio de Agricultura, uno del Ministerio de Guerra, uno del Ministerio de Marina, uno del Banco de la Nación Argentina, otro del Banco Central y tres de la Unión Industrial Argentina, propuestos por los Ministerios y las entidades representadas y designados por el Poder Ejecutivo.[47]

Un aspecto a destacar es que el Ministro de Hacienda consideraba que podían obtener créditos del B.C.I.A. "toda clase de industrias y empresas comerciales". La inclusión de estas últimas entre las beneficiarias induce a pensar que aún las cosas no estaban tan definidas ni claras. Esta particular propuesta generó posteriormente un debate entre los directores del Banco, que finalmente excluyó a las empresas dedicadas a actividades comerciales como beneficiarias de crédito.

El decreto del 3 de abril de 1944 sólo fijó las bases y normas generales que debía observar el Banco para la concesión de los créditos. Por ello, los primeros meses de actividad del Banco reflejan las discusiones y distintas definiciones sobre la puesta en marcha de la Institución. La reglamentación de la Carta Orgánica, los límites de su autonomía, el nombramiento de los funcionarios y empleados, la organización de las distintas secciones, y --simultáneamente-- el tratamiento de algunos créditos ya solicitados, ocupan las deliberaciones del recién constituido Directorio.

En junio, durante la elaboración del Anteproyecto de Reglamentación de la Carta Orgánica, los directores debatieron la necesidad de establecer preferencias en la concesión de los préstamos para algunos sectores industriales. Se resolvió en consecuencia que el Banco otorgaría "préstamos para evolución e implantación de las industrias, especialmente las que tiendan a satisfacer las necesidades imprescindibles del mercado y las que extraigan, utilicen, transformen o manufacturen productos del país". [48]

El Directorio del Banco se propuso dar crédito a las pequeñas y medianas industrias y a las que "contribuyan a la defensa nacional y al desarrollo de las economías regionales". [49] No obstante, la Carta Orgánica del B.C.I.A. no definió un ámbito crediticio específico ni explicitó prioridades en su acción --salvo las señaladas-- con el fin de favorecer a un sector industrial o una rama determinada. [50]

Destacamos cómo el decreto por el que se creó el Sistema de Crédito Industrial propulsaba un fomento especial para las industrias relacionadas a la defensa nacional y, en particular, a la Dirección General de Fabricaciones Militares. En esta oportunidad el Directorio consultó con el Ministerio de Hacienda la sugerencia del Ministerio de Guerra acerca de que la institución otorgase crédito a tipo de interés reducido y plazos "adecuados" a los pequeños industriales que suscribieran contratos con las reparticiones proveedoras dependientes de ese ministerio. [51]

Al poco tiempo, el Directorio hizo saber al Ministerio que estaba dispuesto a "prestar apoyo a una industria que, como la de que se trata, por la rama de su explotación responde al actual interés primordial de la Nación, y por su escaso desarrollo individual es de las que merecen un preferente interés de este Banco". [52] Este respaldo era claro. Los préstamos otorgados a las empresas que realizaran contratos con el Ministerio de Guerra tendrían como garantía fundamental las particularidades del contrato de suministro y no garantías reales, pues el préstamo se otorgaría sobre la base de la cesión al Banco de los derechos del deudor sobre las órdenes de pago. Para cada operación, el interés de los préstamos se arreglaría "con sujeción al índice que determine el costo del capital del Banco en el momento del acuerdo", mientras que el plazo de la amortización del crédito debía coincidir con el de los pagos que el Ministerio de Guerra efectuase a su proveedor.

En cuanto al destino de los créditos, el Directorio estableció que los préstamos serían otorgados

  1. para la financiación de inversiones o para el aumento del capital circulante a plazos largos, tratando de favorecer el perfeccionamiento de la calidad de los productos y el acrecentamiento del volumen de la producción, la elaboración de nuevos productos o subproductos y la ampliación de las ramas de que se ocupan los industriales en actividad y la instalación de establecimientos industriales nuevos;
  2. para crear en la estructura financiera de las empresas industriales una relación sana entre los fondos a corto plazo y los que a largo plazo mediante el rescate de deudas bancarias y comerciales. [53]

Por su parte, el Ministro de Hacienda propuso una modificación con el fin de que el Banco prestase sólo para la unificación de deudas de largo plazo, pero el Directorio contestó:

 

de limitarse el destino de los préstamos del Banco a la unificación de deudas de plazo largo, se desplazaría en numerosísimos casos la posibilidad de la unificación, obligándose al industrial a mantenerse dentro del régimen de obligaciones de corto plazo, cuyos inconvenientes son notorios. En los casos en que aquel estuviera sometido al pago de un alto interés y sus bienes prendados, su situación sería evidentemente incómoda, tanto más si la periodicidad de los pagos no coincidiera, como suele ocurrir, con los ciclos de producción y venta. De aceptarse la sugestión del Banco de Crédito Industrial, éste podría tomar a su cargo esas deudas de corto plazo, transformándolas en deudas a largo plazo y afianzadas con las garantías que en tal supuesto, serían levantadas por los acreedores. [54]

 

Este punto no es menor y refleja el desconocimiento del Gobierno sobre las necesidades de los industriales. La sustitución de deudas de largo y corto plazo se constituyó en el principal destino de los fondos prestados por el B.C.I.A. en sus primeros años. El directorio parecería tener claro cuáles iban a ser las demandas prioritarias del sector manufacturero y a ellas pretendía ajustarse.

Con respecto a los plazos, los créditos "en general" serían otorgados a cinco años con amortizaciones parciales que se fijarían en relación a la rentabilidad esperada, pudiendo a su vencimiento prorrogarse el saldo hasta por otros cinco años, también con amortizaciones parciales (artículo 26 de la Carta Orgánica). Tal como lo propusiera el Ministro de Hacienda, la garantía que afectaría dichos créditos estaría dada "preferentemente" por hipotecas de primer grado y, como garantía adicional, la prenda industrial sobre las instalaciones y la maquinaria dedicadas a la producción. Sin embargo, se aclaró que en la práctica se prescindiría de la hipoteca de primer grado porque, por lo general, las pequeñas industrias se encontraban instaladas sobre terreno ajeno.

Con respecto a la tasa de interés, el Directorio fijó una tasa única del cinco y medio por ciento con la facultad de reducirla en uno por ciento para los créditos que se otorgasen a industrias ubicadas en zonas atrasadas del país o regiones consideradas de fomento.

Hasta aquí algunos de los fines declarados, el discurso legitimante y la modalidad operativa propuesta por el Directorio del Banco. No es nuestro interés, debido a los estrechos límites de este trabajo, abordar un análisis exhaustivo de la acción crediticia llevada a cabo por el Banco de Crédito Industrial Argentino en su primera época. No obstante, a modo de conclusiones, muy brevemente trataremos de establecer en qué medida el Banco, a través de su acción crediticia, cumplió con los objetivos propuestos y permitió superar los inconvenientes que hemos reseñado. Por último comentaremos las modificaciones provocadas por la reforma financiera de mayo de 1946 en la estructura del crédito a las empresas industriales y el reajuste del B.C.I.A. a la política económica diseñada por el peronismo poco tiempo antes de asumir el gobierno.

La política crediticia del Banco de Crédito Industrial (agosto 1944 - mayo 1946) y la reforma financiera de 1946

Con el incremento de la intervención del Estado y la creación del Banco de Crédito Industrial Argentino --entidad financiera oficial y única con capacidad para otorgar préstamos a mediano y largo plazo-- se creyó que las perspectivas de un adecuado financiamiento del sector industrial serían mucho más favorables. Este tipo de créditos aliviarían a los empresarios del problema de los vencimientos continuos y abriría una fuente de recursos de gran valor para financiar el desarrollo de las industrias. El pensamiento dominante era que

 

cada una de las modalidades del préstamo bancario tiene su estilo y su esfera de acción propia e independiente. Los industriales acuden en demanda del crédito industrial especialmente para ampliar o renovar las instalaciones de sus empresas o para hacer frente a las necesidades de fondos que les exige el desarrollo del ciclo de producción de sus empresas. Ahora bien, la función primordial de un banco de crédito industrial es la de financiar a las empresas solicitantes mediante el otorgamiento de créditos a mediano y largo plazo, para su implantación o para su explotación. [55]

 

Ya sea por las disposiciones de su Carta Orgánica como por la concepción a que respondía su creación, la cualidad diferencial del Banco debía ser la de promover y apoyar el desarrollo industrial, fundamentalmente a través de créditos a mediano y largo plazo para inversiones fijas. Sin embargo, los resultados concretos de su acción crediticia señalan que no siempre se tendió a promover esos objetivos; en efecto, del análisis de su primera época se puede comprobar que no era el plazo largo en sí lo que debía caracterizar al préstamo de un banco industrial. En la operatoria habitual del B.C.I.A., préstamos a largo, mediano y corto plazo a empresas industriales tuvieron muchas veces los mismos destinos y otros tantos también fueron garantizados de la misma manera. [56]

Entre 1944 y 1946, el B.C.I.A. otorgó escasos créditos a las empresas industriales con destinos de inversión, característica distintiva del crédito industrial. Es sorprendente que el principal uso de los préstamos del Banco haya sido la refinanciación de deudas o la cancelación de pasivos varios. Si la utilización de los créditos con el fin de sanear pasivos --en su mayoría de corto plazo-- era justificable en el momento de la aparición del Banco debido a las demandas del mercado, cabía esperar que dejara de serlo en un período relativamente corto de tiempo.

Por otra parte, la tendencia creciente a financiar gastos de explotación hizo que los plazos se fueran acortando y que la prenda predominara sobre las demás garantías. En efecto, la gran cantidad de préstamos a corto plazo (con destinos de "evolución") y su incremento relativo en el total de préstamos del Banco destaca el perfil "comercial" que adquirió gradualmente el Banco, preocupado por atender los gastos de evolución de un conjunto de empresas ya instaladas. Estas consideraciones permiten afirmar que el Banco de Crédito Industrial Argentino tuvo un papel limitado en la financiación de la política de fomento industrial pregonada desde el gobierno.

Ahora bien, ¿cuál fue la importancia relativa del Banco de Crédito Industrial sobre el total de los créditos otorgados a la industria? Aunque el número y el importe de las operaciones acordadas por el B.C.I.A. registró un constante aumento, [57] la participación del Banco en el financiamiento al sector es difícil de precisar para estos primeros años, aunque es probable que hacia 1946 haya alcanzado valores un tanto inferiores al 20 % del total de créditos otorgados a dicho sector. [58] Entre 1944 y 1946, el Banco de Crédito Industrial no sólo comenzó a desplazar a los bancos comerciales, sino que también fue el que aportó una gran parte del incremento de crédito a la industria. Esto se debió a dos motivos fundamentales: primero, a la imposibilidad de las empresas para operar con otros bancos una vez obtenidos créditos a largo plazo con el B.C.I.A., garantizados con hipoteca o prenda sobre sus bienes, y segundo, al fuerte componente de subsidio que implicaba una tasa de interés real negativa.

De todas maneras, la significación del Banco no debe medirse por las cifras de su cartera. El análisis específico de su acción crediticia destaca la heterogeneidad de dicha acción. La política de créditos no estuvo dirigida a las empresas que supuestamente eran las principales afectadas por la escasez de financiamiento: las pequeñas y medianas industrias. Las sociedades anónimas --quienes tenían antes de la creación del Banco menores dificultades para su financiación-- absorbieron la mayor parte de los fondos prestados. Existió una fuerte concentración económica y espacial que contradecía los objetivos declarados en muchas oportunidades por sus funcionarios y por los hacedores de la política económica nacional.

Desde que el Banco inició sus actividades y hasta mediados de 1946, las operaciones superiores a un millón de pesos absorbieron más del 35 % del total. Si a esto agregamos que este porcentaje corresponde a cuarenta y un operaciones (menos del 1 % del total) y que las empresas constituidas como sociedades anónimas reciben más del 40 % de los préstamos concedidos, la tendencia es clara y debe descartase un apoyo prioritario a la pequeña industria, al menos en la medida en que lo manifestaron los directivos del Banco y el discurso oficial. No obstante, no puede deducirse que las pequeñas empresas hayan sido perjudicadas por la operatoria crediticia del Banco. Por el contrario, es probable que muchas hayan mejorado sus condiciones para operar, refinanciando sus pasivos a plazos mayores y con tasas de interés más favorables. Sin embargo, sí podemos afirmar que, junto con estos créditos que insumieron escasos montos, el Banco se encargó de sostener financieramente a unas cuantas grandes empresas, constituidas en las principales beneficiarias.

El sector industrial que mayor apoyo recibió fue el de "Alimentos, Bebidas y Tabaco" (20 % del total). En segundo término se financió a los ramos "Textiles y confecciones", "Metales y sus manufacturas", "Productos Químicos" y "Maquinaria y vehículos" (cerca del 10 % cada una). El crédito del Banco a las actividades industriales se canalizó principalmente hacia estas ramas, aunque no existió un ámbito crediticio ni un sector en especial favorecido por el Banco. Es decir: no hubo especialización crediticia orientada hacia ciertas actividades predeterminadas del sistema productivo. Por otra parte, debe considerarse como un aspecto importante el hecho de que muchas empresas que tenían actividades no específicamente manufactureras recibieron créditos importantes (fueran estos para inversión o no). Tal es el caso de las empresas de construcción, quienes recibieron porcentajes elevados del total de los préstamos del Banco (más del 12 %). A éstas deben sumarse las empresas destinadas a otras actividades como transportes (a partir de 1946), usinas eléctricas, imprentas y otras incluidas en el rubro "varios", que poco estaban relacionadas con actividades manufactureras (por ejemplo, las empresas cinematográficas). El Banco de Crédito Industrial, más que financiador de sectores, lo fue sólo de algunas empresas privilegiadas, independientemente de sus actividades productivas, que demandaron créditos baratos para distintas necesidades. La demanda --y no la oferta-- predominó en la política de créditos del B.C.I.A. entre 1944 y 1946.

Si el Banco adquirió alguna orientación clara durante su primera época, además de favorecer y solucionar problemas financieros de un conjunto de empresas tradicionales (frigoríficos, bodegas e ingenios) y, aunque en menor medida, de otras de "interés nacional", fue la de constituirse en un instrumento ligado a las necesidades de financiación de las obras del Estado. La importancia adquirida dentro de sus operaciones habituales por el descuento de certificaciones de obras públicas colocó al Banco en el peligroso sendero que llevaba a la desnaturalización de sus funciones (medido en términos de sus propios objetivos).

En estas condiciones, el Banco de Crédito Industrial Argentino fue incorporado al sistema del Banco Central, organizado a partir de la amplia reforma financiera realizada entre marzo y mayo de 1946. [59]

Con respecto al crédito destinado al sector industrial, la reforma implicó modificaciones de importancia. De acuerdo a las nuevas disposiciones, los bancos oficiales podían en adelante realizar financiaciones, medio que les permitía asociarse a las empresas y participar transitoriamente de los beneficios o pérdidas de éstas. Además, la reforma financiera autorizaba a otorgar préstamos a mediano y largo plazo no sólo al Banco de Crédito industrial sino también a los bancos particulares.

Estas medidas posibilitaban la movilización de los depósitos bancarios no utilizados con el fin de destinarlos al crecimiento económico, en particular del sector industrial. Para evitar la ausencia de uniformidad del sistema de crédito a las industrias, derivada de la participación de los bancos privados (aquel problema presente en las discusiones previas a la creación del Banco de Crédito Industrial), el Banco Central se reservaba los mecanismos necesarios para establecer distintos precios al uso del dinero, según la rama de actividad que lo solicitase. De esta manera, el mayor beneficio que los bancos obtuviesen coincidiría con el desarrollo orientado por la política económica del gobierno. [60]

La modificación de las Cartas Orgánicas y de las reglamentaciones de los bancos oficiales --con el fin de adaptarlas a la nueva orientación de la política económica esbozada en el Plan de Gobierno 1947-1951-- incluyó ciertas innovaciones a la Carta Orgánica del Banco de Crédito Industrial. El B.C.I.A. quedó en adelante sujeto a las directivas del Banco Central y vinculado estrechamente a los demás bancos oficiales, con el consecuente sacrificio de la muy relativa autonomía con la que hasta entonces se había desempeñado.

También fue modificada la composición del Directorio. El Presidente, el Vicepresidente y cinco de los ocho vocales del Directorio serían en adelante designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Banco Central y los tres restantes a propuesta de los ministerios de Guerra y Marina y de la Secretaría de Aeronáutica. Naturalmente, la Unión Industrial --entidad que había participado activamente en la gestión del Banco a través de sus representantes-- quedaba formalmente al margen del cuerpo de decisión.

Un nuevo perfil adquirió el Banco de Crédito Industrial Argentino hacia mayo de 1946; éste habría de definir su accionar en el contexto del agudo intervencionismo estatal diseñado a partir del Primer Plan Quinquenal. El Banco de Crédito Industrial Argentino se constituyó junto con el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio (I.A.P.I.), del cual sería "agente financiero", en un instrumento importante de la política económica peronista.

 

Notas

Este trabajo es la primera parte de un proyecto de investigación más amplio que examinará la actividad desplegada por el Banco de Crédito Industrial Argentino en el marco de la política económica del peronismo entre 1946 y 1955.

    1
    Chiaramonte, José Carlos; Nacionalismo y Liberalismo económicos en Argentina, Hyspamérica, 1986, p. 185. 
    2
    Según consta en sus estatutos, este Banco se trataba de una Sociedad Anónima de Crédito y Ahorro. Su misión declarada era el fomento de la industria nacional dando "preferencia a los préstamos o descuentos más pequeños". Banco Industrial, Estatutos, Bs. As., 1891. 
    3
    Schvarzer, Jorge; Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina, Cisea-Imago Mundi, 1991, p. 38. 
    4
    Guerrero, Américo; La industria argentina, 1944, p. 68, citando a F. Uriburu. 
    5
    Schvarzer; Empresarios del pasado..., p. 52. 
    6
    Citado por Herbín, Ernesto; "La industrialización del País y el Banco de Crédito Industrial Argentino". Conferencia pronunciada el 26/9/1944 en el Instituto de Estudios y Conferencias Industriales, U.I.A., 1944, p. 15. 
    7
    Jáuregui, Aníbal; "El despegue de los industriales argentinos", en Ansaldi, Waldo; Pucciarelli, Alfredo y Villarruel, José (eds.); Argentina en la paz de dos guerras. 1914-1945, Biblos, 1993, p. 183. 
    8
    Schvarzer; Empresarios del pasado..., p. 77. 
    9
    Dorfman, Adolfo; Evolución industrial argentina, Losada, 1942, p. 256. 
    10
    Schvarzer; Empresarios del pasado..., p. 82. 
    11
    ésta es una de las hipótesis del citado trabajo de Aníbal Jáuregui. 
    12
    Swiderski, Graciela; "La UIA: ¿Sustitución de importaciones o mercado externo?", en Ansaldi; Pucciarelli y Villarruel (eds.); Argentina en la paz..., p. 247. 
    13
    Diario La Prensa (Buenos Aires), 8 de septiembre de 1943, citado por Samuel Gorban; "Ritmo industrial en la última década", Cursos y conferencias, U.I.A., 1949, p. 525. 
    14
    La Unión Industrial Argentina fue intervenida en mayo de 1946; el 4 de junio de ese mismo año Perón asumió como Presidente de la Nación. 
    15
    Seguimos a Blustein, Manuel; El Banco de Crédito Industrial Argentino, Prólogo del Dr. Natalio Muratti, Rosario, Librería y Editorial Ciencia, 1945. Para el mismo tema también puede consultarse: Pons, Julio César; "El crédito industrial en la República Argentina" (Tesis para optar al doctorado en Ciencias Económicas), Facultad de Ciencias Económicas, U.B.A., 1944. 
    16
    Blustein; El Banco de Crédito..., p. 28 y ss. 
    17
    En la carta orgánica del Banco de la Nación Argentina se preveía el fomento de la industria a través del crédito a largo plazo. Carlos Pellegrini, al inaugurar esa institución de crédito, señaló: "Si alguna recomendación pudiera hacer, sería en favor del gremio que no ha merecido hasta hoy gran favor de los establecimientos de crédito, y que es, sin embargo, digno del mayor interés. Hablo de los pequeños industriales". El Banco de la Nación otorgó siempre menos del 10 % del total de sus créditos a la industria, salvo a partir de la década del treinta, llegando a un máximo del 20% en 1937. En conjunto, si tomamos el total de créditos otorgados por el Banco en sus primeros 50 años, sólo el 5,8 % le correspondió a la industria. "El Banco de la Nación Argentina en su cincuentenario, Bs.As., 1941", citado por Herrero, Félix; Aspectos legales de la promoción industrial en la Argentina, Inst. Torcuato Di Tella, 1965, p. 138. 
    18
    Si un empresario industrial no tenía inmuebles que hipotecar o no tenía los suficientes vínculos con los sectores de poder económicos, "su posibilidad de atraer inversión privada en gran escala era bastante limitada". Guy, Donna; "La industria argentina, 1870-1940. Legislación comercial, mercado de acciones y capitalización extranjera", en Desarrollo Económico, Vol. 22, No 87 (octubre-diciembre 1982), p. 365. 
    19
    "Por otra parte, el organismo que suministrase un crédito de la índole especializada del industrial, vería trabada inmediatamente su liquidez, ya que no hay en la plaza argentina una entidad bancaria organizada en forma de hacer frente a tales condiciones de préstamo". Pons; "El crédito industrial...", p. 22. 
    20
    Blustein; El Banco de Crédito..., p. 38. 
    21
    Una situación similar analizan Tortella y Jiménez para el crédito a las empresas industriales en España en la década del veinte. Tortella, Gabriel y Jiménez, Juan Carlos; Historia del Banco de Crédito Industrial, Alianza Editorial, 1986. 
    22
    Pons; "El crédito industrial...", p. 21. 
    23
    Además, no todas las sociedades por acciones reunían los requisitos exigidos para cotizar sus valores en la Bolsa de Comercio. González Etcheverría, Enrique; El crédito de Fomento Industrial..., p. 141. 
    24
    Guy; "La industria argentina...", p. 351. 
    25
    Arnaudo ha señalado dos factores como estimuladores de la constitución de un mercado financiero de largo plazo: el desvanecimiento de "las oportunidades brindadas por las inversiones externas" y la desaparición de las oportunidades brindadas por el mercado bursátil. "...las primeras debidas a la crisis de 1929 y reforzadas luego por el conflicto bélico mundial, las segundas por la aparición de una inflación persistente en presencia de contratos y activos financieros denominados en unidades monetarias nominales". Arnaudo, Aldo; Cincuenta años de política financiera en la Argentina, El Ateneo, 1987, p. 57.
    26
    Guy; "La industria argentina...", p. 370. 
    27
    Guy; "La industria argentina...", p. 371. 
    28
    Estos proyectos se producen en su mayor parte durante el período de guerra y dentro de los cuatro años siguientes. Señalamos sólo algunos de ellos: en 1916 el diputado Estanislao Zeballos propuso que el Banco Nación destinara cien millones de pesos para el fomento de las industrias que elaboraran materias primas nacionales; en 1918 el diputado Pagés proyectó la ayuda financiera a industrias que elaboraran fibras para confeccionar envases de cereales; en 1919 se redactó un proyecto de ley sobre emisión de diez millones de pesos en títulos del 6% para invertir en distintas industrias; en 1921 el diputado Manuel Guido propuso que el Estado nacional aportase la mitad del capital de una nueva sociedad de tejidos, lavado y carbonizado de lana; etc. González Etcheverría; El crédito de Fomento Industrial..., p. 63 y ss. 
    29
    Malgesini, G. y álvarez, N.; El Estado y la economía, 1930-1955, CEAL, 1983, p. 77. 
    30
    Llach, Juan José; "El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo", en Desarrollo Económico, Vol. 23, No 92, p. 523. 
    31
    En septiembre de 1942, el coronel Manuel N. Savio señalaría ante la U.I.A. la necesidad de "salir de la atmósfera de dudas y proyectos, de estudios puramente teóricos, hay que acelerar sus solución en el campo práctico. Es la hora de actuar". Manuel Savio, citado por García Ruiz, José L.; "Sector financiero y apertura económica: una perspectiva comparada entre la Argentina y España", en Ciclos, Año II, Vol. II, No 3, 2do semestre de 1992, p. 98. 
    32
    Proyecto de ley del diputado F. Scarabino sobre la creación de la Sección Crédito industrial en el Banco de la Nación Argentina, en Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Buenos Aires, 30 de mayo de 1941, p. 73 y ss. 
    33
    Blustein; El Banco de Crédito..., p. 50 
    34
    Se autorizaba, además, al Banco de la Nación a crear una sección de crédito industrial a corto o largo plazo para atender a su clientela de empresas industriales. 
    35
    Seguramente la tasa de interés, que no se encontraba fijada en el proyecto del Ejecutivo, se elevaría considerablemente puesto que dependía del recargo máximo que las instituciones subordinadas podrían hacer sobre el tipo de interés que ellas a su vez abonarían al Banco Central. 
    36
    Operaciones de crédito industrial; proyecto de ley del Senador Martínez, en Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Buenos Aires, septiembre de 1942, pp. 138-40. 
    37
    Crédito industrial, despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda, en Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Buenos Aires, septiembre de 1942, pp. 132-135. 
    38
    Fundamentos expuestos a la prensa por el Sr. Ministro de Hacienda, Don Jorge A. Santamarina, al dar a conocer el decreto del Poder Ejecutivo de creación del Sistema de Crédito Industrial, 1943, p. 10.
    39
    Fundamentos..., p. 19. 
    40
    Según el ministro, los bancos comerciales estaban "preparados para realizar activamente operaciones de esta naturaleza y si no lo han hecho hasta ahora se debe a que ha faltado una organización que combine su acción y les permita distribuir y reducir el riesgo que tienen las operaciones de crédito industrial". Fundamentos..., pp. 19-20. 
    41
    Fundamentos..., p. 25 
    42
    De todas maneras, no surge claramente por qué estos sistemas mixtos no llegaron a prosperar; es posible que los bancos se mostraran reticentes a incorporarse a un sistema de crédito a largo plazo que mantenía aún ciertos niveles de riesgo. Menores serían seguramente los temores a que la creación de un nuevo banco oficial trajera como consecuencia la aparición de un competidor. 
    43
    Ministerio de Hacienda de la Nación; El Poder Ejecutivo ha creado el Banco de Crédito Industrial Argentino. Fundamentos y estructura de la iniciativa, Nota del Señor Ministro de Hacienda, Doctor César Ameghino, al Excmo. Señor Presidente de la Nación, General de Brigada Edelmiro J. Farrell, con los fundamentos de la creación del Banco de Crédito Industrial Argentino, 1944, p. 6. 
    44
    Se agregaba de esta manera una nueva entidad financiera oficial a las ya existentes (B.C.R.A., I.M.I.B., B.N.A., B.H.A. y la Caja Nacional de Ahorro Postal). 
    45
    Ministerio de Hacienda de la Nación; El Poder Ejecutivo ha creado..., p. 8. 
    46
    La disposición era justificada en el hecho de que no se podría prestar a largo plazo sobre estos depósitos, pues comprometería la liquidez que la Ley de Bancos (No 12.156) intentaba mantener. 
    47
    El 17 de mayo, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No 12.989 designando Presidente por el término de cuatro años a Ernesto L. Herbín (un destacado dirigente de la U.I.A.) e integrando el Directorio con los siguientes miembros: Dr. Julián Martínez (Ministerio de Hacienda); Ing. Gerardo Palacios Hardy (Ministerio de Agricultura); Ing. Emilio M.J. Llorens (Ministerio de Agricultura); Tcnl. Axel Rolff (Ministerio de Guerra); Vlte. Francisco Lajous (Ministerio de Marina); Dr. Horacio Morixe (Banco de la Nación Argentina); Ing. Horacio Sánchez Elía (Banco Central); Raúl Lamuraglia, Aquiles Merlini y Miguel Miranda (representantes de la U.I.A.). 
    48
    Archivo del Banco de Crédito Industrial Argentino (en adelante A.B.C.I.A.), Libro de Actas de Directorio No 1, Acta No 6, Fo 16. 
    49
    A.B.C.I.A.; Libro de Actas de Directorio No. 1, Acta No 6, Fo 17. 
    50
    Quedaron excluidas expresamente las siguientes actividades: a) agrícolas y ganaderas; b) comerciales; c) hoteleras y de turismo; d) periodísticas (diarios y revistas); e) empresas de transporte terrestre, marítimo, aéreo y de comunicaciones telefónicas, telegráficas y postales. 
    51
    A.B.C.I.A.; Libro de Actas de Directorio No 1, Acta No 11, Fo 26. 
    52
    A.B.C.I.A.; Libro de Actas de Directorio No 1, Acta No 13, Fo 34. 
    53
    Artículo 21 del Reglamento de la Carta Orgánica, A.B.C.I.A.; Libro de Actas de Directorio No 1, Acta No 14, Fo 39 y 40. 
    54
    Memorándum dirigido al Ministerio de Hacienda, A.B.C.I.A.; Libro de Actas de Directorio No 1, Acta No 14, Fo 42. 
    55
    Así lo reseñaba algunos años después Celestino Rodrigo, gerente del Banco. A.B.C.I.A.; Expediente Administrativo (reservado) 42.181, Informe de la labor del Banco al Subsecretario de Finanzas, abril de 1954. El subrayado es nuestro. 
    56
    Las operaciones de corto plazo fueron autorizadas por el decreto del P.E.N. 9.757 que reformó la Carta Orgánica del Banco en mayo de 1945. 
    57
    El importe acordado por el B.C.I.A. tuvo una tasa de crecimiento cercana al 12 % mensual. 
    58
    Altimir, Santamaría y Sourrouille estimaron que la participación del B.C.I.A. en el financiamiento a la industria fue del 22,1 %, aunque consideran que esta cifra es dudosa. "Los instrumentos...", pp. 723-4.
    59
    La reestructuración financiera de 1946 debe considerarse a la luz del proceso de creciente intervención del estado en la estructura socioeconómica que ya hemos descrito. 
    60
    Deligiannis y Martínez; Política Bancaria y Financiera (1946-55), Documento de trabajo, No 17, Fundación para el Estudio de los Problemas Argentinos, 1979, p. 9. 




© 2017 Tel Aviv University