City of Suspects. Crime in Mexico City, 1900-1931


PABLO PICCATO:  Durham and London: Duke University Press, 2001.

La ciudad de los sospechosos de Pablo Piccato es la historia de los criminales y sus víctimas en la ciudad de México a principios del siglo XX, cuando el crimen era —como ahora— una preocupación central de los habitantes de la capital. Sin embargo, mientras que los sectores privilegiados lo consideraban un obstáculo para la consolidación de su proyecto de orden social y progreso material, para la mayoría de la población —señala el autor—, incluyendo a los delincuentes y sus víctimas, era parte de la vida cotidiana.

El régimen de Porfirio Díaz tuvo éxito en el control del bandolerismo y la disidencia política, pero no pudo —advierte Piccato— acabar con el crimen, a pesar del empeño por fortalecer las instituciones policíacas, penales y penitenciarias. Después de la Revolución, según las estadísticas que presenta el apéndice del libro, la frecuencia del crimen en la ciudad de México disminuyó (aunque el propio autor anota la existencia de distintos criterios y metodologías en la recopilación de datos). La preocupación de los regímenes que siguieron dejó de ser el castigo; la educación y la salud cobraron importancia.Durham and London: Duke University Press, 2001. Esta aparente paradoja entre el decremento de los índices del crimen y la disminución del interés estatal en la represión sólo puede entenderse —propone el autor— a partir del estudio de la interacción de las políticas y el discurso científico con las prácticas cotidianas. Y ésa es, justamente, la manera en la que está estructurada la obra.

En términos generales, la primera parte del libro (“El contexto”, capítulos 1 al 3) describe el modelo urbano y social de las élites, así como el discurso científico que le dio sustento, al tiempo que presenta los motivos de su “fracaso”. Los intelectuales porfirianos se enfocaron a la criminalidad para explicar la falta de control del gobierno sobre un amplio sector de la vida urbana. Los criminales, consideraban, eran un tipo particular de seres humanos, cuyas características eran muy similares a las del grueso de la población. Así, científicos, periodistas y legisladores hicieron de las clases bajas, que parecían alejarse de las costumbres “modernas”, los principales sospechosos y, en consecuencia, el blanco de todas sus políticas de reforma social. Estos sectores, sin embargo, tenían formas muy distintas de entender, lidiar y resistir el crimen.

En la segunda parte (“Las prácticas”, capítulos 4 al 6), a través de múltiples y variadas fuentes —procesos judiciales, archivos policiales, periódicos, cartas de los propios prisioneros—, Piccato estudia casos concretos de tres tipos de delitos: lesiones, violencia contra las mujeres y robo. Las comunidades urbanas —colonias, barrios, vecindades, pulquerías— se convierten en esta sección en los actores principales. Ésta es, quizás, una de las principales aportaciones de su libro, pues tales comunidades, a diferencia de las rurales, han sido poco abordadas por la historiografía mexicanista.

Para las clases bajas, los criminales eran, sencillamente, quienes cometían un delito, y la violencia, lejos de ser un comportamiento irracional, jugaba en sus distintas manifestaciones un importante papel en la construcción de redes sociales. Las comunidades preferían dirimir los problemas en su interior y evitaban, hasta donde era posible, la intervención de las autoridades. Era, pues, la opinión pública quien juzgaba el crimen, la justicia y el valor de sus propios miembros.

En la tercera parte (“Las consecuencias”, capítulos 7 y 8), Piccato señala los efectos de la interacción entre la cultura de las comunidades y el discurso de los “especialistas en el crimen”, esto es, la construcción de identidades individuales y colectivas a través de la acción de las instituciones penales. La primera consecuencia fue la “invención de los rateros”, término que —explica el autor— utilizaban los grupos populares para designar a los miembros de un gremio cuyo oficio era el robo y que, a diferencia de los ladrones comunes, eran expertos en eludir la acción de la justicia. No formaban parte de la comunidad; en consecuencia, no se podía negociar con ellos a través de los mecanismos tradicionales. Las élites porfiristas se apropiaron del concepto. Los legisladores, con la autoridad que les otorgaba la ciencia, establecieron la pena de transportación a colonias penales con la esperanza de “limpiar” la ciudad de esta “plaga”.

Así, se iniciaron campañas que culminaron con la detención y traslado, en muchos casos injustificados, de miles de sospechosos (las más intensas tuvieron lugar de 1908 a 1910 y de 1917 a 1919). Resulta interesante señalar que a lo largo del período que abarca este libro, cerca de una decena de extranjeros fueron expulsados del país acusados de ser “rateros conocidos”, según consta en los expedientes revisados en el Archivo General de la Nación y el de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro del proyecto “Nacionalismo y extranjería en México (1910-1940)”, coordinado por Pablo Yankelevich.

Además de romper los mecanismos por medio de los cuales las comunidades lidiaban con el crimen y los criminales, la encarcelación por largos períodos, frecuentemente sin pruebas y en condiciones desfavorables, reforzó el sentimiento de identidad de los delincuentes —segunda consecuencia— facilitando el intercambio de los conocimientos y experiencias. Hay evidencias de que los miembros de varias organizaciones criminales activas después de la Revolución establecieron sus vínculos en prisión.

La profecía —señala Piccato— se cumplió: el castigo que estigmatizaba a los ladrones comunes, combinado con la pistolización que siguió al movimiento armado, creó un nuevo tipo de delincuentes profesionales que, aunque escaso en número, se volvió el foco de los miedos públicos, símbolo del crimen y la corrupción policíaca. El caso más sonado fue el de la “Banda del Automóvil Gris”, cuyo organizador, Higinio Granada, fue expulsado del país en 1921 bajo el argumento, entre otros, de sus antecedentes criminales (ASRE 9-4-179).

Si bien las nociones positivistas no desaparecieron, hubo un cambio de actitud de las élites en torno al castigo; se hablaba ya de las causas sociales de la criminalidad y de la “rehabilitación” de los criminales. Ello fue resultado, en gran medida, de la participación de distintos sectores en el debate sobre el tema, entre ellos los abogados y los propios prisioneros, a quienes el sentimiento de identidad, aunado a los cambios políticos y sociales del período, había conformado en una voz política.

Pablo Piccato busca romper con la tradición historiográfica que establece una dicotomía entre el antiguo régimen y la Revolución. Elige por ello un período —1900-1931— que rebasa esta “frontera”. Si bien el marco temporal está determinado por el cambio institucional —la inauguración de la penitenciaría federal en San Lázaro y el decreto de un nuevo Código Penal, respectiva- mente—, el libro sitúa el crimen frente a ideas y prácticas cotidianas mucho más estables de la población, que aún podemos identificar: la presencia de la policía no se asocia con mayor seguridad, sino con corrupción y mayor violencia; la gente prefiere evitar la intervención de los jueces en sus disputas, ya que el sistema judicial parece conservar los viejos prejuicios de clase y género.

Las conclusiones son claras: la frecuencia y el carácter de las ofensas no siempre responden favorablemente al incremento de la vigilancia y el castigo. Por el contrario, el crimen se convierte en un fenómeno más disruptivo para la mayoría de la población cuando el Estado aplica políticas sistematizadas en contra de los sospechosos. Lo interesante es que el autor no limita las observaciones al período que estudia, y nos muestra que en la actual lucha contra el narcotráfico, gobiernos como el de México y Estados Unidos, que parecen olvidar la experiencia histórica, corren el riesgo de cometer los mismos errores.

 

Paola Chenillo Alazraki Universidad Nacional Autónoma de México

 





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